Dos años, 27 marcas: qué se ha encontrado de verdad en las cadenas del Made in Italy

Hace dos años la fiscalía italiana detectó explotación laboral en fábricas que, según la investigación, abastecían a marcas de lujo. El caso dejó al descubierto las grietas de la cadena del Made in Italy, erosionó la vieja asociación de esa etiqueta con la calidad y la ética y puso en duda la creencia de que la explotación es un problema exclusivo del fast fashion.

En la primera oleada se nombró a cinco marcas cuyos proveedores de nivel inferior fueron acusados de explotación: Dior, Giorgio Armani, Loro Piana, Valentino y la marca italiana de gran consumo Alviero Martini. Esos casos se han cerrado desde entonces, al considerar el tribunal que se habían introducido los cambios necesarios. Pero la fiscalía no se detuvo ahí: en estos años la investigación se ha ampliado a otras 22 marcas.

La última oleada, anunciada la semana pasada, incluye a Chanel, Moncler, Bvlgari y Brunello Cucinelli. Ninguna de estas marcas ha sido puesta bajo administración judicial ni está acusada directamente: los fiscales solo han pedido documentación sobre su gobierno corporativo para las investigaciones relativas a los subcontratistas. Todas las firmas que respondieron a la consulta afirmaron que colaboran con la investigación y que cuentan con mecanismos para detectar prácticas poco éticas.

La fiscalía empezó por las acusaciones más graves, apoyándose en el código antimafia italiano, el marco legal nacional para combatir el crimen organizado. En la mayoría de los casos los autos judiciales recogían pruebas de trabajo forzoso y de derivación del exceso de pedidos a fábricas de propietarios chinos, donde las condiciones laborales eran de explotación y se incumplían las normas de prevención de riesgos y la legislación laboral. Las marcas se distanciaron rápidamente de los implicados y reforzaron el control de sus cadenas.

La segunda fase, en diciembre de 2025, señaló a otras 13 marcas vinculadas a los proveedores Bag Group, Effellemoda y New Leather: Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo, Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, la filial italiana de Alexander McQueen, la sociedad operativa italiana de Off-White y Adidas. Las acusaciones volvían a referirse sobre todo a la explotación de trabajadores, en su mayoría chinos o de origen chino. La investigación sigue abierta.

Adidas insiste en que no se trata de una investigación directa: «Adidas no es objeto de la investigación. Ni nosotros ni nuestros proveedores italianos mantenemos relaciones comerciales con la empresa investigada. Colaboramos plenamente con las autoridades italianas». Coccinelle declaró que empezó de inmediato a reunir la documentación solicitada y reafirmó su «compromiso constante con el cumplimiento de la ley y con los más altos estándares éticos».

Todos los casos se construyeron sobre la presunción de que las marcas no sabían lo que ocurría: la producción acababa en subcontratistas fuera de su radar. Una acusación se salió de esa lógica. En octubre de 2025 el fiscal Paolo Storari pidió una prohibición de publicidad de seis meses para Tod’s, al sostener que la compañía se benefició a sabiendas de subcontratistas ilegales que obtenían «enormes beneficios a costa de la explotación de trabajadores chinos gravemente infrapagados». Junto con la empresa se investigó a tres altos directivos conforme a la legislación de responsabilidad corporativa. En febrero la vista se aplazó: si Tod’s demuestra avances suficientes, la petición de prohibición puede retirarse. La compañía negó las acusaciones.

La oleada más reciente afecta a subcontratistas que fabrican embalaje de lujo: fundas para prendas, fundas antipolvo, bolsas de marca y saquitos. Las inspecciones en la planta milanesa de Moda Fashion Styles y en el subcontratista Isacco, en Varese, detectaron nuevos trabajadores de origen chino en condiciones de explotación.

Los documentos oficiales muestran que en Moda Fashion Styles había empleados no declarados y sin permiso de residencia; que las máquinas carecían de los sistemas de seguridad obligatorios; que se alojaba a los trabajadores en condiciones degradantes; que los datos de consumo eléctrico apuntaban a una producción ininterrumpida, incluidos los días festivos; y que en las instalaciones se encontraron etiquetas con la inscripción «Made in Albania». Esta empresa no tiene relación directa con las marcas, pero la investigación halló pruebas de que allí se fabricaban sus productos. Es más, los fiscales encontraron facturas de esos trabajos emitidas por la compañía Brandart, que sí mantiene relaciones directas con Owenscorp Italia (la sociedad de Rick Owens), Chanel, Brunello Cucinelli, Goyard Italie y Moncler.

En Brandart declararon que se les pidió colaborar con las autoridades aportando información y documentación acreditativa sobre el seguimiento de una serie de proveedores, y que ello «confirma su compromiso constante con el control y la supervisión de la cadena de suministro conforme a los más altos estándares de cumplimiento».

Detrás de todo esto hay causas sistémicas. El proceso arrancó cuando aumentó la presión sobre las empresas italianas por la nueva normativa europea de trazabilidad y diligencia debida en las cadenas de suministro. La moda era un punto de partida evidente: una exportación clave con una de las cadenas más complejas y opacas.

El primer problema es la subcontratación, cuando los pedidos pasan a operadores más pequeños, a los que marcas y auditores controlan peor. La presión regulatoria ha llevado a algunas marcas a reducir su base de proveedores y a endurecer los controles, pero muchas siguen sin esa supervisión.

El segundo es el trabajo forzoso, especialmente complejo en Italia. La fiscalía apuntó al llamado «caporalato», el sistema de reclutadores, explica Andrea Sianesi, catedrático de gestión de operaciones y de cadenas de suministro del Politécnico de Milán e integrante del grupo de trabajo constituido por la fiscalía. Ese sistema tiene una larga historia de contratación de personas sin papeles, retención de parte de sus salarios y mantenimiento en condiciones de explotación. Los migrantes irregulares son especialmente vulnerables, añade la profesora del UCL Roya Derakhshan.

En las cadenas italianas la conversación acaba casi siempre en los migrantes chinos, muchos de los cuales trabajan en fábricas chinas repartidas por toda Italia, las llamadas «chino-italianas». El fenómeno surgió a finales del siglo XX: la globalización abrió el acceso a mano de obra barata y a producciones industriales mayores, más rápidas y más baratas que las locales. Al mismo tiempo, muchos dueños italianos de fábricas comprendieron que sus hijos no querían continuar el negocio familiar, y la llegada de empresarios chinos dispuestos a comprar una producción ya montada pareció un beneficio mutuo, explica el profesor titular del Politécnico de Milán Hakan Karaosman. Las fábricas traían trabajadores chinos para sostener el flujo de pedidos; algunos estaban sin papeles o trabajaban bajo coacción, lo que generó fracturas profundas en las comunidades locales. Una parte de esas fábricas cumple la ley y otra la esquiva, y eso es justo lo que ha destapado la investigación. En cada fase del caso las fábricas «chino-italianas» han tenido un papel destacado.